Por cuenta de la globalización en el comercio, muchas cosas han cambiado
en los trámites del país y buen número de entidades estatales no se ha
percatado de ello. Hasta cuando entraron en vigencia los diversos tratados de
libre comercio, TLC, que ha suscrito el país, la legislación nacional imperaba
soberanamente, y si una autoridad nuestra decidía sobre algún asunto en el que
tuviera injerencia alguna empresa extranjera que operara en el territorio,
debía ser acatada. Esto ocurría, por ejemplo, en el caso de las licencias de
exploración y explotación entregadas a las empresas del sector minero y de
hidrocarburos. De existir una controversia por estos contratos y licencias, así
como los resarcimientos por perjuicios derivadas de ella, se ventilaban ante
jueces nacionales.
Pero una vez entraron en vigencia los distintos
TLC, el asunto cambió. Los litigios sobre decisiones administrativas tomadas en
torno a determinados contratos suscritos con empresarios de otro país con el
que se ha suscrito tal tipo de tratado se ventilan, no ante nuestros jueces,
sino ante árbitros extranjeros, en Centros de Arbitraje Internacional.
Así, una decisión tomada por una entidad estatal
colombiana puede ser desestimada al proferirse un fallo en un Centro de
Arbitraje Internacional y ser condenado nuestro Estado a resarcir sumas
inmensas de dinero.
Este panorama es preocupante, si se tiene en
cuenta lo que viene ocurriendo con la expedición de licencias ambientales.
Entidades como las CAR y la Anla, encargadas de ejercer el control ambiental,
son reflejo de la frágil estructura de nuestro Estado. En su seno campea el
clientelismo y muchos de sus funcionarios no están allí por méritos o por sus
conocimientos en materia ambiental, sino por ser recomendados de algún
político, así que el desconocimiento sobre los temas sobre los que deciden es
inmenso. Por eso muchas de las decisiones administrativas están pobremente
fundamentadas, lo que las hace frágiles y susceptibles de ser revocadas. De
esta forma, muchas de las licencias que se han expedido pueden haber
desconocido las regulaciones nacionales e internacionales, lo cual expone al
país a que se revoquen licencias de exploración y explotación previamente entregadas
a empresas extranjeras, como ocurrió en La Macarena.
Es urgente que los verdaderos funcionarios
expertos sean quienes tengan a su cargo la expedición de licencias ambientales
o las consecuencias para el país serán funestas.
Recuperado de: http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/355624-licencias-ambientales-y-arbitramento-internacional
Enviado por
Jairo Alonso Acevedo Cruz
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